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Bachelet confía en que terminará su mandato con bien a pesar de las dificultades que ha debido enfrentar. Escándalos de corrupción, represión a indígenas e ineficiencia en el nuevo transporte público para la capital, son algunos de los tropezones de la primera mitad de su gobierno.
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La presidenta de Chile, Michellet Bachelet, conmemoró este martes los dos primeros años de gestión en un acto en el Palacio La Moneda, donde criticó a la oposición y defendió la decencia de su Gobierno, en compañía de su par ecuatoriano, Rafael Correa, de visita oficial.
La primera mitad de su mandato ha sido cuestionada principalmente por el difícil debut del sistema de transporte público Transantiago, por casos de corrupción y por su actitud indiferente ante la represión policial de la que es víctima el pueblo mapuche.
A pesar de ello y ante unos mil invitados, entre ellos ministros y parlamentarios oficialistas, Bachelet resaltó los logros de su gobierno y dijo sentirse orgullosa de ser la primera mujer en alcanzar la presidencia de Chile.
"Chile ha progresado en todos los ámbitos en estos años, por eso no deja de sorprenderme que algunos insistan en crear la impresión de que el país se encuentra erosionado por irregularidades", subrayó la presidenta.
"Es un país decente, tiene sólidos cimientos en materia de moral funcionaria y no sólo lo decimos nosotros, sino que también lo destacan todos los ránking internacionales", añadió.
Bachelet había admitido recientemente que la pérdida de la mayoría del Congreso, a causa de la deserción de varios políticos aliados hacia las filas opositoras, "complica la tarea", pero confía en que su mandato será mejor y terminará "ganando el partido".
"Han sido dos años difíciles, pero no me quejo", dijo la mandataria en una entrevista con la edición dominical de El Mercurio.
Fallido debut
En su "primer tiempo", Bachelet tuvo que enfrentar el fallido debut del "Transantiago", el nuevo sistema de transporte público de la capital chilena.
Los fallos de diseño y funcionamiento del Transantiago conllevaron a que la popularidad de la presidenta en 2007 cayera por debajo del 40 por ciento, según algunas encuestas.
Pese a que el transporte ha mejorado paulatinamente, continúa siendo, junto con los escándalos de corrupción, uno de los principales puntos negativos en la gestión de Bachelet.
Casos de corrupción
Uno de los casos de malos manejos de los fondos públicos que más ha trascendido es el del despilfarro descubierto en los Ferrocarriles estatales, cuyo valor aún no ha sido determinado por estar en curso las investigaciones.
A ello se suma el desorden administrativo en las cancelaciones de subvenciones escolares que en los últimos meses ha bañado la gestión de la ministra de Educación, Yasna Provoste, en cuyos hombros pesa una acusación constitucional de las fuerzas opositoras en el Congreso.
El Gobierno de Bachelet defiende a Provoste y argumenta que la funcionaria ha cumplido todo lo que dicta la ley: investigar el caso y presentar las denuncias respectivas, por lo que considera que la acusación no tiene bases jurídicas, sino que es una maniobra enmarcada en la política "del desalojo" que la oposición ha iniciado desde 2007.
El engrosamiento de las filas opositoras en el parlamento, se debió principalmente a la expulsión de Adolfo Zaldivar del Partido Demócrata Cristiano, lo que provocó la renuncia al partido de varios diputados que le son afines, con la cual el oficialismo perdió también la mayoría en esa rama.
Maltrato a los mapuches
Sobre el Gobierno de Bachelet también recaen críticas por su actitud indiferente ante el maltrato que sufre el pueblo mapuche, el mayor grupo indígena del país.
A finales de enero un joven estudiante de 22 años fue baleado por la policía nacional (Carabineros), elevándose con este asesinato la cifra de víctimas producto de la represión policial a la que son sometidos los mapuches durante las manifestaciones que realizan para clamar por sus derechos.
Encadenados, recibiendo maltrato en hacinadas cárceles, los presos políticos mapuches, juzgados bajo una ley "antiterrorista" que data de la dictadura de Augusto Pinochet, viven bajo condiciones que van desde la obligación de dormir a la interperie hasta la negación de servicios médicos.
Estas irregulares circunstancias, pese a que han sido denunciadas por organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional (AI) en 2007, continúan registrándose en la nación suramericana.