Los ciudadanos chilenos condenados a penas de extrañamiento y otras formas de exilio forzado, refugiados o residentes en diferentes países de Europa y América, solidarizamos con nuestro compañero Jorge Escobar por la delicada situación familiar que enfrentó y nos alegra que haya sido autorizado para ingresar temporalmente a Chile para acompañar a su madre en sus últimos días de vida.
Hacemos nuestras las palabras de Jorge Escobar, en cuanto a que "abran la mente y la puerta”. Que se ponga fin a todo tipo de exilio forzado e impedimento a un ciudadano chileno a vivir o ingresar a su país.
El exilio impuesto por decreto es una condena individual que, con el paso de los años se va transformando en una condena colectiva, va tomando cuerpo en la familia, en los amigos y en el entorno social.
El exilio impuesto por decreto lo instala la dictadura militar y también fue utilizado por el primer gobierno de transición, para sacar de las cárceles a los últimos presos políticos de la dictadura. Que en este caso no es lo mismo que liberarlos.
Hacemos presente que la autoridad política no quiso atender nuestra demanda de ser liberados en Chile. Y tampoco tomó en cuenta que nosotros, como luchadores antidictatoriales, fuimos tomados prisioneros por el poder militar, y juzgados y condenados por un invento del mismo: la “justicia militar”. Nunca hemos sido condenados por tribunales de justicia imparciales.
Por otro lado las autoridades nunca han reconocido ni justificado nuestra lucha subversiva militar en contra de un poder degenerado y un auténtico terrorismo de Estado.
En este contexto declaramos que:
Primero: El exilio impuesto por decreto debe llegar a su fin. Un nuevo decreto gubernamental debiera poner fin a las penas de extrañamiento, cesar en el desconocimiento de las prescripciones y la persecución infinita, reconociendo nuestro derecho a vivir en Chile o en el extranjero si así se desea, como acto voluntario, sin impedimento alguno para ingresar al país.
Segundo: La conciencia y el derecho internacional rechazan el destierro como pena. Por lo tanto no resulta subversivo, ni ilegal, ni menos impertinente pedir a las autoridades políticas chilenas que sean respetuosas con esos preceptos jurídicos, políticos y humanitarios.
Tercero: Es imperioso dar una solución jurídica y política a la situación de muchos compañeros que hasta el día de hoy son perseguidos por los tribunales militares chilenos.
Se trata de los presos políticos fugados y de personas con órdenes de detención y procesos pendientes, aún cuando en su gran mayoría han prescrito legalmente. La mayoría vive en el exilio, también forzado, ya que su retorno al país le está prohibido, en la medida que si intentan ingresar serán apresados, con el consiguiente riesgo y peligro para sus vidas e integridad física y moral.
Consideramos pertinente que las autoridades gubernamentales declaren libre de cargos y persecución política a todos estos compañeros.
Finalmente: Declaramos que resulta necesario insistir ante las autoridades chilenas, que es el momento de poner fin a todo tipo de exilio forzado. Nuestra moral y dignidad nos hacen plantear esto como una demanda, sin necesidad de solicitarlo como un acto de indulgencia.
Por el derecho de vivir en Chile. Es justicia.
Por Argentina
Galvarino Sergio Apablaza Guerra,
Claudio Enrique Molina Donoso,
Manuel Alejandro Santana Sosa,
José César Rivera Ortiz,
Luis Alberto Rivera Ortiz,
Ramón Luis Reveco Sepúlveda.
Por Europa
Jorge Escobar Díaz,
Hugo Marchant,
Carlos Garcia,
Héctor Figueroa,
Héctor Maturana,
Francisco Peña,
Jorge Angulo,
Arnaldo Arenas Bejas
Patricio Ortiz Montenegro
