Para apoyar la Resistencia Anti-Imperialista de los pueblos
y la construcción de Alternativas a la Globalización
Por iniciativa y apoyo de numerosos grupos de investigación, asociaciones y movimientos políticos o sociales (*), tuvieron lugar los días 16-17-18 de enero de 2009, los trabajos del Foro Internacional de Beirut, con la presencia de 450 representaciones y personalidades árabes e internacionales venidas de los cinco continentes
(66 países).
Este Foro, en el que estaban ampliamente representadas América Latina, Asia y Próximo Oriente encarnaba el espíritu de la Tricontinetal.
Dos grandes acontecimientos marcaron este Foro. Por un parte la heroica resistencia del pueblo palestino de Gaza frente a una intensidad de violencia y una barbarie sin precedentes. Por otra, la crisis global del capitalismo, que no es sólo financiera sino también económica, social, cultural y moral que pone en peligro la supervivencia de la humanidad.
Principios y Derechos
El Foro afirma que:
• Los pueblos tienen el derecho a la resistencia y ésto debe ser inalienable, sostenido por el conjunto de la comunidad internacional y reconocido como tal por el derecho internacional;
• El combate de la resistencia contra el colonialismo es indisociable del combate que mantienen las y los revolucionarios y personas libres del mundo ante el capitalismo globalizado, el imperialismo, la militarización y la destrucción de las conquistas sociales. Productos éstos de más de doscientos años de luchas encarnizadas de las clases trabajadoras.
• Los pueblos tienen derecho a la soberanía sobre sus recursos naturales. El derecho a la alimentación, a la salud y a la educación prima sobre toda consideración comercial.
• Toda cultura y los saberes todos deben poder contribuir a la construcción de bienes comunes de la humanidad sobre la base del respeto a la Naturaleza, la primacía de las necesidades humanas y una gestión democrática de las sociedades.
• El derecho al funcionamiento democrático debe ejercerse no sólo en el plano político sino igualmente en el plano económico y atañe tanto a los hombres como a las mujeres.
• El derecho a la diferenciación cultural y a la libertad de culto, rechazando cualquier estigmatización cultural y racial.
Campañas y resoluciones:
En cuanto a Gaza:
Los participantes del Foro afirman su apoyo a la resistencia del pueblo palestino de Gaza. Condenan el terrorismo, los crímenes y las violaciones de todas las normas y valores humanos cometidos sobres estas poblaciones por Israel.
Hacen también un llamamiento por:
1. La aplicación de sanciones estrictas contra Israel, tales como la ruptura de relaciones y convenios así como la prohibición de toda venta de armas a este país.
2. Denuncias contra los Estados y firmas que venden armas a Israel.
3. Un llamamiento a la Unión Europea para que cese toda colaboración económica, política y cultural con Israel y que anule todos los convenios y acuerdos que la unen con este país.
4. La celebración de una Conferencia internacional para evaluar los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad perpetrados contra la población de Gaza así como los crímenes económicos yecológicos y entregar a la justicia a los responsables de estos hechos y de los cometidos en el Líbano en 2006.
5. La rehabilitación de la resolución de la ONU nº 3379 que asimila sionismo y racismo y la expulsión de Israel de la ONU.
6. Lanzamiento de una campaña internacional para la reconstrucción de Gaza, el levantamiento del bloqueo y la liberación de los prisioneros políticos.
En cuanto a la lucha anti-imperialista y anti-colonial
1. Los participantes expresaron su apoyo a las dos resistencia, palestina y libanesa, en su lucha contra la ocupación israelí así como a la resistencia iraquí que lucha contra la ocupación norteamericana. Apoyan los esfuerzo del pueblo iraquí para preservar su unidad territorial
2. Los participantes anuncian su apoyo a la autodeterminación del pueblo afgano y su lucha contra la ocupación norteamericana y atlántica
3. Los participantes envían un saludo al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, así como al presidente de Bolivia, Evo Morales, por su apoyo a la resistencia de los pueblos. Y expresan su apoyo total a sus luchas contra la ingerencia de los Estados Unidos en América Latina.
4. Los participantes reclaman el levantamiento del bloqueo a Cuba y la liberación de los prisioneros cubanos detenidos en las cárceles de EE.UU.
5. Los participantes condenan la alianza entre los EE.UU y el Gobierno neofascista de Colombia que desde hace cuatro décadas aterroriza a su propio pueblo y trabaja a desestabilizar los regímenes progresistas de América Latina. Por eso prestan su apoyo a los movimientos revolucionarios en lucha contra este régimen.
6. Los participantes abogan por la constitución de una liga internacional de parlamentarios para defender los derechos de los pueblos a la resistencia y a la autodeterminación. Y para reactivar los acuerdos relativos a la protección de las poblaciones civiles.
7. Abogan por la creación de una red mediática internacional que desenmascare la propaganda mentirosa concerniente a la naturaleza y los crímenes perpetrados por Israel.
8. La prosecución del trabajo del tribunal de conciencia para juzgar los crímenes de guerra, sobre todo la entrega a la justicia de los responsables de los crímenes de guerra perpetrados en el Líbano en 2006.
9. Lanzamiento de una campaña para la aplicación del Consejo Consultivo del Tribunal de Justicia Internacional que atañe al muro de separación racial en Palestina.
10. La fundación de una red internacional con vistas a la coordinación de las representaciones locales en momentos de crisis y de guerras.
11. Rechazo de las amenazas y provocaciones de los EE.UU. a Irán en cuanto a su derecho de desarrollar su programa nuclear civil en el marco de las normas internacionales. Rechazo igualmente a las amenazas bélicas de EE. UU. a Siria y a Sudán.
12. Oposición a las tentativas americanas de vaciar la legislación internacional y humana de su contenido bajo el pretexto de la guerra anti-terrorista.
Los Participantes proponen como alternativas al dictado del mercado :
1. Sacar la agricultura y los sectores ligados a la alimentación de las negociaciones internacionales para liberalizar el mercado (Gatt, OMC,...)
2. Rechazar los acuerdos y las políticas internacionales que permiten a las grandes firmas meter mano en la vida poniendo en peligro la biodiversidad.
3. Crear un Mercado Común Mediterráneo, basado en el principio del comercio equitativo entre consumidores y productores del norte y del sur, así como en el interior de cada país. (Excluyendo a Israel esperando de de solucionar el problema colonial en Palestina), en oposición al proyecto néolibéral de Sarkozy
4. Luchar contra la sobreexplotación practicada por la pesca industrial y favorecer la pesca artesanal, garantizando un coste social.
5. Preservar el patrimonio común de la humanidad y los recursos fundamentales para la vida. Desarrollando la agricultura orgánica y la utilización de las energías renovables.
The Center for Studies and Documentation in Beirut, International Campaign against American and Zionist Occupation (Conferencia del Cairo), the National Gathering to Support the Choice of Resistance (Líbano), The International Anti-Imperialist and Peoples' Solidarity Forum (Conferencia de Calcuta- India), Stop War Campaign (Londres), L'union de la jeunesse démocratique (Líbano), Réseau des organisations de la jeunesse Palestinienne, The Party of Dignity (Egipto), The popular campaign to break the siege on Gaza, KIFAYA (movimiento egipcio por el cambio), Union of Democratic youth (Líbano), Egyptian women issues Association, Palestinian youth organizations network (Palestina), Fédération des Syndicats marocains, AMCI (The Medi terranean agency for International cooperation (Marruecos), Arab youth council- and the walkto the arab parliament (Marruecos), Data and strategic studies center (Siria), El Badil regroupement anti globalisation (Siria), Campaign Genoa 2001 Greece, l'altra lambardia-Sulatesta, Anti- imperialist Camp (Grecia), Socialist thinking forum (Jordania), Organisation des socialistes révolutionnaires (Egipto), Continúa...
OTROS ARTICULOS SOBRE GAZA : michelcollon.info
30 januari 2009
Caso Mirage: un chispazo de una realidad
Por estos días, la prensa oficial y legal ha dado a conocer las implicaciones de Ramón Vega, ex comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, FACH, en los arreglines y millonarias comisiones obtenidas por una compra de 25 aviones Mirage en 1994 a Bélgica, los cuales, por lo demás, eran usados y dados de baja en ese país.
Como siempre, los medios de comunicación y los dirigentes políticos del sistema (concertación, alianza y los "omitidos"), lo tratan como un hecho puntual, aislado, "el que por ningún motivo empaña la limpia trayectoria de las FFAA", chistes aparte, es necesario tener en cuenta algunas precisiones:
1.- Que las FFAA tienen, como derecho, el quedarse con el 10% de las ventas de CODELCO, ese dinero sólo lo pueden usar en la compra de material bélico.
2.- No sólo la FACH, sino que también el Ejército (caso "leopardos") y la Marina han comprado constantemente material de guerra, dado de baja en países imperialistas, y estas compras no están controladas más allá que por los mismos compradores.
3.-Lo de Vega, su sinvergüenzura, no puede verse como algo único, ni casual, sino como el resultado de una situación institucional, política e ideológica que cruza al conjunto de las FFAA.
A manera de programa y/o plataforma respecto a las FFAA, proponemos que, en lo inmediato, estas ABRAN todos sus archivos sobre el gasto de los dineros que se han apropiado con el 10% de las ventas del cobre de CODELCO y terminar con este 10%, que los dineros del mismo sean destinados a construcción de viviendas populares, a salud y educación del pueblo.
También, y por cierto no debemos dejar pasar la oportunidad, para nuevamente sostener nuestra exigencia, de que se ABRAN los archivos sobre detenidos desaparecidos que tienen las FFAA, del período en que ellas ejercieron la dirección del Estado.
Estamos claros, no hay sorpresas, las instituciones dentro del Estado capitalista tienen el sello de su clase, sirven a esta, y por lo tanto, su lógica mercantil, corrupta, de la ganancia, pasa por encima de toda consideración "ética" y "moral", por ello no podemos esperar un "nunca más" en las FFAA ni en sus arreglines y robos internos, ni en el respeto a los "Derechos Humanos", pero sí podemos y debemos desenmascarar su conducta, exigir el máximo de transparencia, y principalmente, continuar proponiendo y luchando por un nuevo Chile Democrático y Popular, con FFAA nuevas, democráticas y Populares.
Eduardo Artés: Candidato a Presidente por el Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria) - PC(AP)
27 de Enero del 2009
www.accionproletaria.com
ALFONSO PODLECH MICHAUD: Un esbirro de Pinochet entre nosotros.
El 29 de julio pasado, OSCAR ALFONSO PODLECH MICHAUD, Ex Fiscal militar de Temuco, fue detenido en España por orden de la justicia italiana y trasladado posteriormente a Roma para ser juzgado por la responsabilidad que tendría en la desaparición del joven sacerdote chileno – italiano OMAR VENTURELLI LEONELLI, ocurrida en la ciudad de Temuco, en el mes de octubre de 1973, poco después del golpe de Estado en Chile.
Según estadísticas oficiales, la Araucanía está considerada como una de las regiones con más alto porcentaje represivo del país. En esta zona, donde la organización de mapuches y campesinos, permitió la recuperación de miles de hectáreas de terreno que permanecían usurpadas por los latifundistas; donde además se concentra la mayoría de las comunidades mapuches, se inició desde fines de agosto de 1973, un proceso de amedrentamiento y represión al movimiento campesino, como lo fue el allanamiento de los centros de Reforma Agraria, ubicados en la zona costera de la provincia de Cautín, por parte de militares, de aviadores y carabineros, deteniendo y torturando a decenas de campesinos, falleciendo dos de ellos a consecuencia de las torturas.
Esta represión se agudizo y se hizo más brutal a partir del golpe de Estado de Septiembre de 1973. Es en este contexto que aparece el abogado Podlech, entregando a los militares sus servicios, para ordenar el trabajo en la Fiscalía Militar de Cautín y darle carácter "legal" a procedimientos que tenían como objeto el exterminio, de los dirigentes sociales y políticos del movimiento popular regional. Ello desde la Fiscalía Militar, instalada al interior del Regimiento Tucapel, en directa colaboración con los servicios de inteligencia de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas.
La mañana del 11 de Septiembre de 1973 Alfonso Podlech, vistiendo uniforme militar, se presentó en la cárcel de Temuco y ordenó se dejara de inmediato en libertad, a los integrantes del grupo fascista Patria y Libertad que se encontraban encarcelados por actos terroristas, cometidos durante el gobierno de Salvador Allende. El 12 de septiembre, siempre vistiendo de uniforme militar y escoltado por soldados, se presentó en la Universidad Católica de Temuco, en busca de armas y personas. El 17 del mismo mes, se presentó en la corte de apelaciones de Temuco, para informar al Presidente de este tribunal que había sido designado Fiscal Militar Ad Hoc y que requería el apoyo de algunos funcionarios judiciales, para reforzar el trabajo de la Fiscalía. De esta entrevista y de lo resuelto por este alto tribunal, quedó constancias en el acta oficial levantada en la Corte de Apelaciones.
Además de dirigir los "interrogatorios", con simulacros de fusilamiento incluidos, Podlech fue quien organizo los consejos de Guerra y en tanto Fiscal acusaba a los presos políticos de falsos delitos y crímenes por los cuales eran condenados, sin derecho a apelación, hasta con cadena perpetua. Tales procesos eran absolutamente ilegales, de acuerdo a la propia legislación chilena.
El poder de Alfonso Podlech y su decisivo rol en violaciones a los derechos humanos, que incluyó ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas, se encuentran debidamente respaldadas por documentos y testimonios de sobrevivientes de la época.
El ex Fiscal Podlech goza de la más absoluta impunidad, pues nunca ha sido procesado ni condenado por la justicia chilena, no obstante, los múltiples testimonios que lo involucran, como responsable en casos de violaciones a los derechos humanos.
OMAR VENTURELLI LEONELLI, sacerdote chileno – italiano, fue profesor de pedagogía de la Universidad Católica de Temuco y comprometió su vida, con la lucha de los pobres del campo y la ciudad por una sociedad más justa, solidaria y humana.
Como educador, fue capaz de vincular el quehacer universitario con la comunidad y se supo ganar el respeto y el cariño de los estudiantes. Su compromiso con los cambios que la sociedad chilena vivía y su profunda sensibilidad social, lo llevaron a integrar el Movimiento Cristiano por el socialismo, primero y después a militar en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
Omar se casó con Fresia Cea y de cuyo matrimonio nació Paz, su única hija. Poco después del 11 de Septiembre de 1973, Fresia y su hija se radican en Italia donde actualmente viven.
Luego del golpe militar, Omar Venturelli fue llamado por bando de la Fiscalía Militar de Cautín, para presentarse en el Regimiento Tucapel de Temuco. Se presentó acompañado de su padre y sin que se le formulara cargo alguno, se ordenó su detención en la cárcel de Temuco, desde donde fue llevado varias veces, por militares al Regimiento Tucapel, a fin de ser interrogado y torturado.
El 3 de octubre de 1973, estando preso en la cárcel de Temuco, la Fiscalía Militar emitió una falsa orden de su libertad, que era el mecanismo utilizado en casos de prisioneros, que hoy son detenidos desaparecidos. A partir de aquel día, Omar Venturelli es un detenido desaparecido y hasta hoy su familia y sus compañeros, no cesan en la búsqueda de sus restos.
Como recuerdo y homenaje, a lo que fue y significó su paso por la Universidad Católica de Temuco, hoy la Facultad de Educación de esa Casa de Estudio, le ha dado el nombre de Omar Venturelli a su sala de Consejo.
COMITÉ JUICIO Y CASTIGO A PODLECH – CHILE
Organización conformada por:
Agrupación de Familiares de Detenidos Desparecidos y Ejecutados Políticos de la Araucanía;
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos – CINPRODH;
Agrupación de Ex Presos Políticos de la Araucanía;
Comisión Ética contra la Tortura – Araucanía.
Conferencia de Prensa del Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba
Conferencia de Prensa del Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Felipe Pérez Roque, sobre la presentación de Cuba al Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos. 28 de enero de 2009.
Como se conoce, Cuba realizará su presentación ante el Grupo de Trabajo del Mecanismo de Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos, el próximo 5 de febrero del 2009. Las conclusiones de dicha presentación serán adoptadas en el Grupo de Trabajo el 9 de febrero. La aprobación oficial de dichos resultados tendrá lugar en la sesión formal del Consejo en el mes de junio.
Cuba asume este ejercicio con total seriedad y sentido de la responsabilidad. Cuba está convencida de que el diálogo respetuoso, basado en los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad, es el único camino para la cooperación internacional en materia de derechos humanos.
Cuba asistirá a la presentación con una delegación presidida por la Ministra de Justicia, compañera María Esther Reus. Participarán también el Viceministro Primero del MINREX, Bruno Rodríguez y un número significativo de altos representantes de diversos ministerios y otras entidades, incluidos la Asamblea Nacional del Poder Popular y la Fiscalía General de la República.
El Informe Nacional elaborado por Cuba - una copia del cual les será entregada al final de esta conferencia de prensa - es el resultado de un profundo proceso que involucró a numerosas instituciones del Estado, incluida la Asamblea Nacional, y a centenares de organizaciones no gubernamentales. Fue un proceso intenso, amplio y genuinamente participativo.
El texto del Informe será publicado en la prensa nacional en formato de tabloide para facilitar el acceso de toda la población cubana al mismo. Ya está disponible en los sitios web Cubaminrex y Cubadebate. El pasado domingo el periódico Juventud Rebelde dio amplia cobertura al tema.
Más de 200 ONGs cubanas enviaron sus contribuciones a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos como parte de este ejercicio. El 19 de septiembre de 2008, un Foro de ONGs cubanas adoptó una declaración firmada por 163 organizaciones, que fue también remitida a Ginebra. Unas 150 ONGs de otros países también enviaron contribuciones.
Este ejercicio coincide con el año del 50 Aniversario de la Revolución cubana. Fue la Revolución la que permitió, por primera vez en la historia, que todos los cubanos y cubanas pudieran disfrutar plenamente de todos sus derechos humanos. Cuba reivindica su derecho a la libre determinación. El pueblo cubano defiende su derecho a darse su propio sistema político, económico y social. Cuba no renunciará jamás a su independencia, soberanía y dignidad.
Cuba tiene un serio y amplio historial en materia de cooperación con todos los mecanismos de derechos humanos que se aplican sobre bases universales y no discriminatorias. Cuba se opuso siempre y se seguirá oponiendo a la manipulación, la selectividad y el trato discriminatorio en este tema.
La eliminación en el 2007 del injusto y selectivo mandato anticubano impuesto por Estados Unidos en la antigua Comisión de Derechos Humanos, permitió profundizar cualitativamente la cooperación tradicional del país en materia de derechos humanos. Este resultado constituyó un acto de imprescindible justicia hacia el pueblo cubano, así como un reconocimiento al prestigio y la labor de Cuba y su Revolución y a su innegable obra en la promoción y la protección de todos los derechos humanos para todos.
En diciembre del 2007, tras recibir al Relator Especial para el Derecho a la Alimentación, anunciamos nuestra disposición a seguir invitando a procedimientos especiales del Consejo. Debo informar que Cuba procederá en el curso de la próxima semana a extender una invitación al Relator Especial contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Sr. Manfred Novak, para que visite a nuestro país en el curso del presente año.
Cuba es Estado Parte en 41 de los tratados o convenciones de derechos humanos más importantes. Entre ellos, la Convención contra el Racismo, la Convención contra la Tortura, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de la Mujer, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El pasado año Cuba firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ahora transitan por el procedimiento ordinario de consulta constitucional.
Hoy anunciamos que Cuba procederá en los próximos días a ratificar la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Cuba es un país donde en los últimos 50 años no ha habido ni hay un solo desaparecido. Tampoco un torturado ni una sola ejecución extrajudicial.
Cuba está remitiendo, además, sus informes al Comité de los Derechos del Niño y al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Ya trabajamos también en el informe al Comité contra la Tortura, que debe estar listo para ser entregado al finalizar el primer semestre del 2009.
25 januari 2009
A 17 años de un Reality sangriento sin responsables
A 17 años de un Reality sangriento sin responsables.
OPAL- Nuevamente las Avenidas y calles de la pudiente comuna de Ñuñoa, fueron testigos del cada vez menos concurrido homenaje a Alex Muñoz Hoffman y Fabián López Luque, Jóvenes integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), asesinados por agentes del Estado de Chile, luego de protagonizar un asalto, un 22 de Enero de 1992.
Solo familiares y amigos llegaron hasta la calle Alonso de Ercilla N 3082, Comuna de Ñuñoa para rendir homenaje a ambos Rodriguistas asesinados, luego de protagonizar un asalto a un camión de transporte de valores de la empresa PROSEGUR en el Campus Oriente de la Universidad Católica
Los miembros de la Organización, "Manuel Rodríguez Cabalga de nuevo", convocantes a la actividad, resaltaron la trayectoria política y el heroísmo de ambos jóvenes aquel día, exigiendo justicia por el caso y haciendo responsables directos del fatal desenlace, al gobierno concertacionista de turno, encabezado por Patricio Aylwin: "La orden de aniquilamiento sobre los rodriguistas, emanó directamente desde la Moneda en las manos del entonces Ministro del Interior Enrique Krauss y de la sórdida y terrorífica figura de Belisario Velasco".
En la ocasión, acusaron a los medios de comunicación, los cuales transmitieron la macabra noticia durante todo el día: "Hicieron un show aquel día en que se jugaba la vida o la muerte de ellos, e hicieron un rotundo y acordado silencio con los responsables del alevoso crimen" Sentenciaba ante los presentes, el único orador del encuentro. Rodolfo Maturana
El gobierno de la época había decidido dar una señal clara sobre este tipo de hechos. La orden de actuar nació desde el interior de La Moneda, a manos del entonces ministro de Interior, Enrique Krauss y el subsecretario Belisario Velasco. La "tolerancia cero" aplicada en este caso, contrastaba diametralmente con la "política de acuerdos" que el gobierno sostenía con sectores militares y de derecha sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. Como lo decía el propio Presidente de la época Patricio Aylwin: "Justicia en la medida de lo posible".
Eugenio Tironi, en aquel entonces vocero de Gobierno, dio tempranamente algunas luces, de lo que iba a ocurrir con los dos muchachos: En sus contínuas declaraciones a la prensa, daba a conocer la decisión del Gobierno: " los secuestradores están en contacto, con los oficiales de la policía que están en el lugar, pero el gobierno no está negociando con delincuentes".
Luego de la lectura de saludos enviados de distintas partes del mundo y de que se encendieran velas en las afueras de la casa, en la que cayeron ambos muchachos, el silencio, del cual se niegan a sentir los pocos convocados, se dejo caer en el lugar.
A la actividad no concurrió ningún dirigente, de la organización en que militaban Alex y Fabián. Solo estaba el recuerdo amargo de los familiares y amigos, que en esa jornada del 22 de enero, vieron por televisión, como unos 500 policías y agentes fuertemente armados, rodearon el lugar y esperaron pacientemente la noche, para llenar de plomo, los cuerpos de los jóvenes rodriguistas.
De nada sirvieron los intentos por una salida
Eran las 7 de la mañana de lo que seria un caluroso día miércoles 22 de enero de 1992. Tres miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Fabián López Luque, Alex y Pablo Muñoz Hoffman, asaltaron un camión de transporte de valores de la empresa PROSEGUR que recolectaba la remesa de dinero de la sucursal del Banco Concepción, ubicada en el Campus Oriente de la Universidad Católica. Los tres huyeron del lugar, con la suma de 7 millones 600 mil pesos, dejando heridos a dos guardias que intentaron repeler la acción. A pocas cuadras fueron interceptados por una patrulla de Carabineros, produciéndose un segundo enfrentamiento donde cae gravemente 
herido Pablo Muñoz Hoffman y un cabo de Carabineros. Fabián y Alex huyen del lugar, luego que Pablo se rehusara a ser socorrido. La persecución llegó a término, cuando los dos jóvenes se refugiaron en un inmueble de calle Alonso de Ercilla, comuna de Ñuñoa. En la vivienda se encontraba la familia del abogado Erick Riveros. Después de una larga negociación que se extendió por más de catorce horas, y luego de haber dejado salir a los cinco integrantes de la familia Riveros Erick -una mujer y sus tres niños-, francotiradores del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros (GOPE) dispararon sobre Fabián y Alexis, de 22 y 23 años respectivamente, al momento que salían con las manos en alto desde la casa, cuando ya se cerraba el día.
Alex y Fabián, una vez cercados por efectivos policiales, señalaron desde un principio a través de comunicaciones telefónicas la motivación de la acción y su permanencia en el domicilio. Relatos posteriores de lo dueños de casa acentúan el buen trato que recibieron por parte de los jóvenes. De nada sirvieron los intentos por una salida negociada, que incluso incluyó la demanda de entregar comida en las poblaciones pobres del gran Santiago. Pero la decisión estaba tomada, Fabían López comunicaba por teléfono a los medios: "No nos vamos a entregar. La decisión no es de este momento, sino de mucho antes... nos la vamos a jugar entera... Nuestra consigna es Hasta Vencer o Morir".
El operativo policial en el que participaron más de 500 efectivos de seguridad fue transmitido por televisión en directo. Todos los ojos de la sociedad chilena se volcaron a ver lo que sucedía en el pudiente barrio de la zona Oriente de la capital. Lo sucedido entre las 20.50 y 21:25 horas es todavía una incógnita. Solo estaban en el escenario del circo montado por la televisión, los dos muchachos y los efectivos que rodeaban la casa. Ni los llamados que a esa hora se estaban realizando para negociar su salida, ni la salida de los habitantes de la casa donde se habían parapetado, ni los ojos de toda una sociedad que a esa hora miraba con atención las imágenes del primer "reality" sangriento, lograrían que no fueran abatidos.
La jueza titular de 13avo Juzgado del Crimen de Santiago, María León Neira, a cargo de la investigación del caso, manifestó desde un primer momento sus dudas respecto al desenlace de la operación policial: "No tengo ninguna certeza que salieran disparando, existen dudas por que no se sabe si realmente se enfrentaron o fue otra cosa. Cuando llegué al sitio del suceso la policía uniformada ya había avanzado los peritajes y entonces yo di la orden que se coordinaran con Investigaciones, pero no he establecido que es lo que sucedió". (La Tercera 29/01/1992)
La autopsia determinaría que Alex Muñoz recibió diez impactos de bala en la región toráxica. Su muerte no fue instantánea. Agonizó por al menos quince minutos. Fabián López presentaba siete impactos. Uno en la cabeza, otro en el maxilar y los restantes en el tórax, abdomen y piernas.
La muerte en directo
Fue un hecho brutal el que cobró la vida de los rodriguistas. Aunque para los medios de comunicación no pasó de lo anecdótico. La periodista Paula Sánchez, que en esa ocasión fue productora en terreno para TVN, recuerda que debió pagar más de 20 mil pesos para que un vecino le permitiera instalar una cámara que siguió muy de cerca los acontecimientos. Mientras, el periodista Cristián Arizmendi pasó a convertirse en el "narrador" de la secuencia. El terror se convirtió en un show televisivo en tiempo real. Sánchez afirma que por primera vez el noticiario se hizo "por intuición, eliminando notas y comerciales". También recuerda que pese a que las cámaras estaban encima nadie pudo ver lo que ocurrió: "Ante los primeros disparos, todos se tiraron al suelo y yo me puse a llorar, mientras gritaba".
24 januari 2009
REFLEXIONES SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE 1980
REFLEXIONES SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE 1980 Y EL MOVIMIENTO POR LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE EN CHILE (BORRADOR)
Francisco E. Sanhueza San Martín
Bron: www.marxismo.cl
I. Introducción
En los últimos 30 años, muchos Estados de América Latina que salían de regímenes dictatoriales o autoritarios generaron mecanismos de democratización sobre la base de una convocatoria a una asamblea constituyente; como por ejemplo, Perú, Brasil, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Guatemala, Colombia, Paraguay, Bolivia y Venezuela. En el caso de Chile, paradojalmente, a pesar del prestigio internacional que actualmente goza nuestra democracia –prestigio del que se vanagloria su clase política-, presenta el triste record de ser el único país latinoamericano en el que el pueblo nunca en su historia ha formado parte de un proceso constituyente en forma voluntaria, democrática y participativa. Todas sus constituciones políticas han sido impuestas y dictadas por la burguesía mediante el poder presidencial apoyado en el poder militar. Nuestra última Constitución Política de 1980, impuesta bajo dictadura, es fiel ejemplo de lo anterior, herramienta de dominación y garantía de una institucionalidad pro-capitalista, antidemocrática, elitista y antipopular, botón que abrocha la contrarrevolución capitalista de 1973.
Sin embargo, a pesar de la fachada democrática negociada por los partidos de la Concertación y la dictadura en 1989, el régimen actual debe retocar la institucionalidad vigente para aparentar legitimidad –la última reforma constitucional data del 2005-. Pero el descascaramiento de esta fachada es inevitable, revelando su verdadero talante de ilegitimidad como aparato de dominación de clase, ajeno al pueblo y su voluntad. Frente a este hecho innegable que persiste y reflota de tanto en tanto, es que hoy nuevamente escuchamos voces que reclaman la ilegitimidad constitucional, pero no al unísono, dado que los intereses de los demandantes no son los mismos, lo que da cuenta de que se trata de un problema de clase e ideología. Desde políticos de la Concertación, pasando por sectores reformistas hasta la izquierda revolucionaria demandan por una nueva constitución, unos como crítica de los procedimientos y formalismos del régimen democrático –que se consideran desde esta perspectiva poco participativos-; otros, en el sentido de avanzar en la resolución de las contradicciones del sistema capitalista en favor de los oprimidos y explotados. Sin embargo, frente a la aparente lucha libertaria contra una constitución de origen fascista, existen más dudas y temores respecto de que en el actual contexto –dada la correlación de fuerzas correspondientes entre los sectores populares versus la oligarquía dominante- una Asamblea Constituyente concrete un cambio sustantivo en la realidad del país a favor de explotados y oprimidos. No vaya a ser que cambie todo para que nada cambie y se termine legitimando la ilegitimidad del régimen capitalista neoliberal iniciado por la dictadura y continuada bajo los gobiernos de la Concertación.
Ahora, ciertamente, el hecho de que en Chile resurja una vez más la demanda por un cambio constitucional, es producto, por un lado, de las luchas de los movimientos populares en el continente que han desembocado en procesos constituyentes; pero por otro, fruto de las cada vez más evidentes contradicciones entre la institucionalidad vigente, la calidad de la política burguesa y las demandas populares. En efecto, el actual sistema político pierde cada vez más legitimidad –como demuestra el envejecimiento del padrón electoral- haciendo evidente su carácter instrumental para la dominación por parte del capitalismo neoliberal y la clase política que lo sustenta –quienes utilizan el Estado tanto como instrumento de dominación de clase como botín a repartir-. Frente a esto, tanto el gobierno y la clase política-parlamentaria, como el reformismo y organizaciones de la sociedad civil satélites del actual sistema, coinciden en que los déficits de la democracia se superan con más y mejor democracia, y es para tales efectos que están pensando un cambio constitucional. El problema radica en qué democracia.
La ponencia comunica un estudio de caso. Tiene por objeto explorar las posibilidades y obstáculos de la “Convocatoria por una Asamblea Nacional Constituyente” hecha, valga la redundancia, por el Movimiento por la Asamblea Constituyente1. En lo fundamental, el documento gira en torno a dimensiones como el sentido del llamado a Asamblea Constituyente en Chile; quiénes son sus actores principales –lo que necesariamente afecta nociones de procedimientos y estrategias a seguir-; y finalmente, cuáles son las condiciones que presenta Chile para levantar con éxito la iniciativa, en comparación con otros países andinos que han seguido procesos constituyentes. Pero también el documento busca provocar el debate en la izquierda revolucionaria respecto de la relevancia para nuestros objetivos estratégicos, ya sea por que implica necesariamente la querella con el reformismo, así como abre la discusión sobre la construcción del Estado Revolucionario y su orden político-estatal.
El documento comienza con reflexiones sobre el origen y legitimidad de la Constitución de 1980; continúa con el análisis de la Convocatoria a Asamblea Constituyente; y concluye, con un ejercicio descriptivo del movimiento que realiza la convocatoria y la proyección de tendencias y posibilidades respecto de las líneas de acción que se plantea el movimiento por la Asamblea constituyente.
II. La Constitución Política del Estado de 1980: orígenes, legitimidad y sociedad civil.
El golpe militar del 11 de septiembre de 1973 significó la derrota político-militar de las fuerzas sociales y políticas revolucionarias del periodo 1938-1973, caracterizado por el predominio una matriz estatal nacional-desarrollista. El hecho se entiende como una contra-revolución capitalista que enfrenta la “disposición revolucionaria” de la clase trabajadora, aún cuando ésta carecía de “poder de fuego” (Salazar y Pinto, 1999, p.101).
Lo sucedido a continuación abrió paso a una de las tantas “coyunturas constituyentes del Estado de Chile” (Salazar, 1999, p.19). La intervención institucional de las Fuerzas Armadas y de Orden en 1973 instala un régimen fundacional -dadas las facultades legislativas, ejecutivas y constituyentes que asume la Junta Militar- que reconstruye la sociedad chilena sobre nuevas bases económicas, sociales y políticas que cristalizan en el Estado neoliberal y su consagración en la Constitución de 1980.
Según Goicovic (2006) este proceso re-fundacional se despliega en tres etapas. Durante la primera (1973-1974), el régimen militar consolida su poder –como lo deja establecido el Informe Rettig- en base a la represión y el terror hacia los militantes de base de la izquierda, campesinos, pobladores y la clase obrera. Durante esta etapa, además de la violencia física, se declaran ilegales toda expresión política de los partidos de la Unidad Popular y las organizaciones de trabajadores, mientras que se declara el receso del Congreso Nacional y los partidos opositores a la Unidad Popular. En una segunda etapa (1974-1978), se sientan los pilares de la nueva sociedad; con la creación de la DINA, la represión política –sobre la base de la Doctrina de la Seguridad Nacional- se especializa y se vuelve selectiva, aniquilando todo tipo de oposición en Chile, cuestión que se asume como condición política para la refundación del Estado y la sociedad –por ejemplo el Código del Trabajo de 197
Finalmente, la tercera fase se inicia con la promulgación de la Constitución de 1980, y se proyecta hasta el plebiscito de 1988, para luego ser reconocido por los gobiernos de la concertación.
La Constitución de 1980 no sólo significa el marco donde debía transitar el régimen político en adelante, sino que además lo definía mediante “instituciones autoritarias, con un poder presidencial fuerte, un parlamento debilitado, con gobiernos locales designados, y con unas fuerzas armadas autónomas del poder político y jugando el rol de garantes del orden institucional” (Goicovic, 2006, p.11), de modo que el movimiento popular queda descentrado del sistema político2, siendo los partidos políticos los actores que por antonomasia transmiten demandas, influyen y modifican en mayor medida las acciones de gobierno.
Como sistema político-administrativo, las instituciones heredadas de la Constitución de 1980 se imponen para asegurar la gobernabilidad, en el sentido de la eficiencia de la gestión administrativa para asegurar la marcha del sistema económico sobre la base de mecanismos que anulan la intervención popular sobre el Estado o el mercado, decisiones que el sistema político restringe a la clase política (Salazar, 1999, p.105). Más aún, la institucionalidad heredada de la dictadura sólo reconoce súbditos y consumidores3, y sólo dialoga con ciudadanos domesticados (Salazar y Pinto, 1999) o sujetos obedientes (Goicovic, 2004). Y, en última instancia, para salvaguardar esta institucionalidad de las “clases peligrosas”, el Estado se dota de una sobrecarga policial y represiva, predominando su concepción de gobernabilidad una lógica de seguridad que bloquea intenciones de cambio estructural por parte de las clases populares, las cuales aparecen en la actual institucionalidad hegemonizada por los partidos del sistema en la zona de su ‘representación política’, y vigilada por aparatos de seguridad en los espacios de sus ‘acciones directas’ que el Estado criminaliza catalogándolas de acciones terroristas.
De este modo, la institucionalidad vigente a la vez que expulsa a las mayorías de la toma de decisiones en materias políticas y económicas, y crea las condiciones para la represión y el enfrentamiento con los movimientos sociales. En efecto, bajo esta institucionalidad, trabajadores, pueblos originarios, pobladores y estudiantes en lucha tienen un margen de acción pequeñísimo obligando a levantar la barricada, un cuadro, que viene a cerrarse con la criminalización pública de la lucha social y la aplicación de leyes represivas a quienes se enfrentan al sistema, como la Ley de Seguridad Interior del Estado, Ley Antiterrorista, Ley de Control de Armas, Código Laboral, entre otras.
Se podrá argumentar que la Constitución de 1980 reconoce en su artículo 1º la autonomía de los grupos intermedios; sin embargo, es una autonomía cercenada al restringir su participación en lo político para la definición del orden colectivo. Lo contrario -según el artículo 19º de la Carta Fundamental- es apropiarse ilícitamente de un derecho propio de los partidos políticos –que funcionan en un bipartidismo conservador-, transformándose esta autonomía, en un peligro para el orden público y la seguridad del Estado4.
La institucionalidad heredada al constituirse como un “deber ser” para el colectivo es fuente de prácticas que han sedimentado en una cultura política de las masas que explica las dificultades de organización5. La Constitución de 1980 al establecer una dicotomía entre lo político y lo social reduce lo político a la gobernabilidad y la administración del Estado neoliberal (Salazar y Pinto, 1999). Los obstáculos que presenta para la proyección de “lo social” sobre “lo político”6 repercuten en esta cultura política de la sociedad civil, cuestiones que se manifiestan en fenómenos como la apatía política, la protesta antisistémica fragmentada, la emergencia de movimientos sociales peticionistas que adolecen de sentido político, el basismo y el movimientismo, o el discurso político que permea a algunos sectores de movimientos sociales y
que propugna el ejercicio de la ciudadanía sin contar con los espacios institucionales necesarios para ello7.
Lo único que espera la institucionalidad heredada –y perfeccionada- de la Constitución de 1980 de la cultura política del pueblo es el “deber” de votar, y segundo, la “posibilidad” de peticionar (Salazar y Pinto, 1999). Tales son los canales que la ciudadanía puede utilizar para expresar su sentido político; mientras lo primero, entrega legitimidad formal y permite la reproducción democrática del sistema estatal imperante; lo segundo, constituye a las organizaciones sociales como una representación informativa y consultiva que es canalizada por los partidos políticos que parlamentan y deciden respecto de las políticas que los afectan en el marco de ciertos requerimientos –quórums- y el sistema binominal. Entonces, los autónomos no son las organizaciones sociales como dice la Constitución de1980, sino que los partidos burgueses de la Concertación y la Alianza que forman el sistema bipartidista chileno, los que actúan diluyendo la autonomía popular y como instrumento mecánico para la reproducción del sistema instalado por la dictadura de Pinochet.
El pecado original de la Constitución de 1980 es su ilegitimidad. Su origen bajo dictadura, en estado de sitio y sin registros electorales la hacen digna de desobediencia sobre todo cuando se fundamenta sobre principios nazi o fascistas –cuestión explícita hasta 1989 con la prohibición de la existencia de Partidos Comunistas8-; pero peor aún, es fruto de la apropiación del poder constituyente por parte de la Junta Militar. De este modo, la legitimidad democrática es uno de los elementos insalvables del actual orden político estatal que santifica la actual Constitución Política del Estado de Chile, en ningún momento reflejo de la autodeterminación del pueblo. En efecto, las constituciones fundamentan el orden que “constituye” al Estado, es decir, es “la expresión jurídica del orden político estatal” (Cazor y Fernandez, 2002, p.148) que tiene sustancia imperativa, un deber ser del proceso político que, por tanto, no es una definición neutra del orden estatal; por el contrario, afecta y orienta las actividades estatales y las regulaciones que derivan de ella.
En este sentido, cuando se agrega el adjetivo neoliberal al concepto de Estado, es para describir el orden público que propugna la Constitución de 1980 en materia económica. En efecto, nuestra Carta Fundamental denota un sesgo ideológico que supone restricciones al poder regulatorio del Estado9. La “constitución económica” de 1980 (Ferrada, 2000), de corte neoliberal, abandona completamente los principios económicos desarrollista del Estado y la Constitución de 1925 –de la que sólo quedan artículos respecto de la nacionalización del cobre- lo que tiene por objeto consolidar una estructura económica basada en la libertad económica, el derecho de propiedad y una pretendida neutralidad técnica de los órganos estatales con competencia en materia económica, instaurando un sistema económico que privilegia el mercado como instrumento que guía las relaciones productivas y de intercambio. La constitución del mercado como principal agente para la asignación de recursos, se manifiesta en amplias garantías al sector privado para el ejercicio de actividades mercantiles a la vez que restringe las capacidades del Estado para desarrollarlas, delegando en él, el mero rol de subsidiario de la iniciativa privada.10
Ahora, en términos políticos, a medida que se consolida la Junta de Gobierno se asume a sí misma como una dictadura soberana (Goicovic, 2006) que hace cada vez más potente y clara su atribución de poder constituyente, es decir, su voluntad política para determinar el modo y forma de existencia política del colectivo. Su proyecto político, cristalizado en la Constitución de 1980, se manifiesta en una democracia autoritaria y elitista que se proyecta hasta la actualidad. En este sentido, preguntar por la legiti
midad de la Constitución de 1980 implica entonces, el cuestionamiento de la legitimidad del régimen político, económico y social actual que consagra la propiedad privada y la mercantilización por sobre los derechos fundamentales de las personas, cuestión que obliga a repensar cómo se articula institucionalmente las relaciones entre trabajo, Estado y capital.
III. Sobre la convocatoria a Asamblea Constituyente.
El 24 de mayo de 2007 en la Sala de Plenarios de la FECH se forma el movimiento por la Asamblea Constituyente en Chile. En dicha ocasión, se discutió por parte de una diversidad ideológica y valórica de grupos y personas11 un documento – borrador en el que se postula “una nueva Constitución Política del Estado en la que se garanticen los derechos humanos, económicos y sociales, restableciendo la soberanía nacional a manos del pueblo de Chile”12.
Esta demanda forma parte de un largo malestar con la Constitución de 1980 y los poderes constituidos que las reformas introducidas por los gobiernos de la Concertación desde 1990 –incluidas las de 2005- no han logrado subsanar dado que han sido reformas hechas por la oligarquía política.
En su convocatoria, el movimiento por la Asamblea Constituyente13 apela a una mayoría de chilenos que asumen contrarios a la ‘constitución pinochetista para exigir la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente encargada de elaborar una nueva Carta Fundamental que restablezca –y este punto es significativo para entender sus proyecciones- “los grandes avances democráticos que Chile alcanzó en el siglo XX” 14
El 25 de agosto de 2008 la trayectoria del movimiento marca un hito junto al Centro de Estudios de Derechos Humanos (CEDH) de la Universidad Central con la organización del Seminario “¿Necesita Chile una Nueva Constitución?”15 En la actividad se reafirman los principios y demandas del primer encuentro de mayo de 2007, donde se suscribe la necesidad de transformar el actual Estado neoliberal en un Estado Social que garantice constitucionalmente los derechos humanos, económicos y sociales, para lo cual se considera fundamental el ejercicio constituyente mediante una asamblea en que el soberano sea el pueblo de Chile.
El contenido de la convocatoria sostiene el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente para la generación de una Carta fundamental que a) represente la voluntad soberana del pueblo “restituyendo la soberanía nacional a manos de su único titular: el pueblo de Chile”; b) sustituya la Constitución de 1980, de naturaleza antidemocrática, plutocrática y autoritaria, que ampara poderes fácticos, privilegia el lucro y legitima el saqueo del patrimonio público vía privatización, en suma, conservadora, en el sentido de continuación jurídica de la dictadura y obstáculo a la democracia real; y c) permita erradicar la mayoría de los males de la sociedad chilena que emanan del modelo económico e institucional que santifica la Constitución de 1980 al favorecer la concentración monopólica de la propiedad, agudizar la desigualdad y la injusticia social, y que además, permite al capital extranjero controlar la mayor parte del cobre, los recursos hídricos, el sistema previsional, la energía, el sistema bancario y las telecomunicaciones, “sangrando, a perpetuidad, el esfuerzo del trabajo nacional”.
Existe un consenso básico entre los firmantes de la convocatoria: la necesidad de cambiar y/o derogar la Constitución de 1980; sin embargo, la propia diversidad ideológica y valórica de los participantes del movimiento, propicia posiciones críticas.
Dentro de estas posiciones críticas, nos encontramos con los argumentos de Pablo Ruiz-Tagle académico de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile que, si bien es partidario de cambiar la Constitución de 1980, no considera viable para los objetivos ulteriores del movimiento llevar a cabo una Asamblea Constituyente. Al respecto, argumenta que la influencia de las actuales mayorías electorales en la conformación de un órgano que ejerza el poder constituyente puede desembocar en la legitimación de la autocracia en Chile dado que no existe la seguridad de lograr un proyecto constitucional compartido en Chile, cuestión evidente en un país en que ni siquiera los partidos políticos cuentan con democracia interna y responde a poderes fácticos. Sin embargo, la contradicción más importante se presenta cuando Ruiz-Tagle indica que el camino para cambiar la constitución debe combinar la reforma constitucional gradual -sin convocar a una Asamblea y desde los poderes democráticos constituidos- con un cambio de interpretación de la misma, en el sentido de los derechos económicos y sociales, con el fin de transformar su contenido –vía que encuentra antecedentes en el cambio de la Constitución de 1833-. Pero la contradicción de esta estrategia radica en encontrar dentro del actual sistema político órganos constitucionales donde se exprese plenamente el principio democrático y se pueda llevar a cabo tal transformación.
Por su parte, Andrés Figueroa Cornejo, militante del Polo por el Socialismo pone el acento en el realismo necesario para el triunfo de la iniciativa. Plantea que las asambleas constituyentes son expresiones de relaciones de fuerza existentes en una sociedad en un determinado periodo histórico, por lo que afirma la necesidad del fortalecimiento de la lucha popular y de clases para terminar en la “puesta de cabeza” de la Constitución de 1980, es decir, es necesario lograr –según sus palabras- condiciones de “hegemonía de la clase trabajadora y el pueblo”. Afirma que en la actualidad existe una desproporción entre las fuerzas populares y los poderes constituidos en la Carta de 1980, es decir, aún no se constituye el sujeto capaz de movilización para cambiar el actual orden institucional.
Sin embargo, este militante de izquierda reconoce un punto de confluencia y soporte de las diversas fuerzas del movimiento que radica en la ampliación de los grupos vulnerados en sus derechos fundamentales más allá del sector que sufrió la violación de los DDHH por razones políticas durante la dictadura militar de Pinochet, afirmando que una nueva Constitución debe garantizar los derechos fundamentales de las personas, como el acceso a salud, educación, techo, trabajo digno, reconocimiento de los pueblos originarios, pluralidad sexual y protección del medioambiente, entre otros temas. Tanto Figueroa Cornejo como Ruiz-Tagle, desde posiciones críticas a la convocatoria a Asamblea Constituyente, pero desde posturas ideológicamente diferentes, entienden que una nueva Constitución, democrática, debe constituirse en el actual contexto como un horizonte de sentido para la acción política, un punto de llegada que derive de la articulación de las luchas y no un punto de partida o un fin en sí mismo que mecánicamente traerá más democracia.
Una postura intermedia manifiesta Juan Gómez Leyton (2007). Por un lado, se muestra escéptico respecto de los recientes acuerdos entre los centros de estudios ligados a la Concertación para confluir en una Comisión Constituyente para la elaboración de una nueva Constitución Política del Estado. Reconoce que es una iniciativa positiva, pero critica el modelo elitista y antidemocrático que cierra el debate a la ciudadanía dado que los personajes encargados de elaborar el proyecto son elegidos a dedo por los partidos políticos, saltándose el principio de que el poder constituyente debe ser autónomo del poder constituido, repitiendo de este modo, la fórmula de la Constitución Política de 192516 . Leyton señala que la vía para resolver el problema constitucional pasa por plantearse –no en última instancia-, la convocatoria a una Asamblea Constituyente, es decir, como un punto de llegada que permita tanto la acumulación de fuerza, la información y movilización social, como las negociaciones necesarias con las fuerzas políticas. Adelantarse –según Goméz Leyton- en el actual contexto significa repetir el destino del movimiento que en la década de 1980 fue institucionalizado por obra de los partidos políticos de la Concertación en la Constitución de 1980; sin embargo, sostiene que las condiciones materiales y subjetivas están dadas para la constitución de un movimiento para la asamblea constituyente. Estas condiciones se manifiestan de manera más dramática en el continuo envejecimiento del padrón electoral y los altos niveles de desconfianza de las personas hacia sus representantes y autoridades políticas.
Ahora, los activistas del movimiento por la Asamblea Constituyente, señalan como antecedentes para la posibilidad de iniciar un proceso constituyente el caso de Bolivia, Colombia y Ecuador. Mientras que en Ecuador y Bolivia los procesos constituyentes fueron un punto de llegada (Chávez y Mokrani, 2007) luego de movimientos insurreccionales, el descrédito de los partidos políticos tradicionales17, y finalmente, una desinstitucionalización del sistema democrático (Ramírez, 2007; Chávez y Mokrani, 2007) en el marco de una revitalización de las luchas populares que revalorizan la lucha política como acción colectiva en contraposición a la concepción de ésta como gerenciamiento empresarial (Korol, 2007). En el caso colombiano fueron estudiantes universitarios que organizaron el “movimiento por la séptima papeleta”, lo que condujo al país a convocar –sin una estrategia insurreccional, a pesar de la crisis de legitimidad del régimen político y la descomposición social- a una Asamblea Nacional Constituyente en 1991. Nuevamente, la Asamblea Constituyente de 1991 fue el punto de llegada de un largo proceso político –que incluye el desarme del M19- cuyo fin era el logro de una solución duradera a la crisis que afectaba al sistema político colombiano. Observar la trayectoria de estos casos resulta pertinente para compara el Estado de la situación y las posibilidades en Chile.
IV. Conclusión.
La demanda por una Asamblea Constituyente da cuenta del malestar tanto con la institucionalidad heredada de la dictadura como con la ilusión de la consolidación democrática refutada por las crecientes desigualdades sociales que se manifiestan en el aumento de las abstenciones, votos nulos y envejecimiento del padrón electoral.
Ideológicamente, el Movimiento por la Asamblea Constituyente es un movimiento crítico de la democracia representativa a la que opone una organización política pluralista sobre el elitista, pero que continúan en el marco de la democracia burguesa y añora al periodo de alianza de clases del Estado benefactor o nacional desarrollista, que ahora llamado Estado Social que reconoce constitucionalmente los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos, sin cuestionar las relaciones de producción. En el movimiento, participan mayoritariamente organizaciones tradicionales de la sociedad civil –como organizaciones estudiantiles, de profesores, de funcionarios de la salud pública, etc., en general grupos asociados a la emergencia de las clases medias y la expansión del Estado benefactor durante el siglo XX-, grupos de notables, y organizaciones políticas de distinto signo ideológico –desde la izquierda revolucionaria hasta la socialdemocracia y el progresismo. Muestra marcadas apelaciones a la cuestión nacional, la democracia conquistada durante el siglo XX, actualizando el Estado nacional-desarrollista o benefactor bajo el concepto de Estado social. Se observa también un espíritu latinoamericanista que se denota en su interés por los procesos constituyentes de países como Bolivia, Ecuador y Colombia, lo que es congruente con la construcción por parte de este movimiento de una identidad opuesta a la del Chile neoliberal.
Sin embargo, su propuesta de Asamblea Constituyente no se visualiza en un futuro cercano. Su ambigua relación con el sistema político imperante puede dar paso a una reforma de la constitución “por arriba” dada la desfavorable correlación de fuerzas para los sectores populares. La convocatoria a Asamblea Constituyente en Chile, cuando toma como ejemplo a seguir los procesos constituyentes de Ecuador y Bolivia, sólo considera el producto final –la Asamblea Constituyente-, ignorando el proceso a través del cual se logra el inicio de procesos constituyentes. En efecto, no existen alusiones sobre la situación de insurrección popular y la crisis de representatividad y legitimidad de los partidos políticos tradicionales que condujeron a una crisis institucional que desemboca en una Asamblea Constituyente que tiene que ver con una acción colectiva desde que tiene por objeto la incidencia, ocupación, resistencia y desmantelamiento del aparato político del Estado, un largo recorrido trazado por movimientos sociales que en su accionar adoptaron un carácter insurreccional para el cambio del orden político-estatal.
Creer que la mera iniciación de un proceso constituyente mediante reformas desde el poder constituido (Congreso, Presidencia, Poder Judicial) para permitir un plebiscito para una Asamblea Constituyente es una ingenuidad tanto como la idea de que la dictadura fue derrotada con la marca de un lápiz en un voto –de hecho ese lápiz, fue la expropiación de la lucha por parte de los partidos políticos de la Concertación y su negociación con Pinochet-.
Para los intereses de los sectores populares, no es posible emprender de manera exitosa un proceso constituyente bajo las reglas de la democracia burguesa. La otra opción, implica acumular fuerzas y generar un pliego del pueblo para la movilización social frontal y decidida contra el sistema como puede constituir la convergencia en la recién pasada Asamblea Popular para que los movimientos de clase pasen de la resistencia a la ofensiva.
En efecto, las clases explotadas y oprimidas son capaces mediante la acción directa de masas de resistir y revocar políticas neoliberales criminales. Ejemplo de ello han sido los movimientos populares –y no los partidos electoralistas- de Cochabamba y Arequipa que se opusieron a la privatización del agua y la electricidad respectivamente. O bien, los movimientos populares y de la clase media empobrecida en Argentina el 2001. Lo mismo sucedió en Ecuador, donde indígenas y funcionario derrocaron a presidentes, o retomando el caso boliviano, los cultivadores de las Yungas y los mineros de Guanín, desempleados y subempleados del El Alto que junto con obreros de La Paz derrocaron el régimen neoliberal-fascista de Sánchez de Lozada.
El camino para la emancipación del pueblo luego de dos décadas de democracia representativa bajo un sistema político oligárquico y una economía neoliberal expoliadora se vuelve cada vez más evidente. Como señala Petras (2004), “la evidencia empírica e histórica demuestra que los movimientos sociopolíticos de acción directa de clase han sido la única fuerza política capaz de resistir y derrocar regímenes y políticas neoliberales; por el contrario, ningún régimen electoral en el que prima el poderío de la burguesía nacional ha desafiado al neoliberalismo”.
El Movimiento por una Asamblea Constituyente levanta un mito. El mito de que es posible derrocar el régimen neoconservador vigente en Chile a través de las herramientas de la democracia burguesa. Por el contrario, es necesario fortalecer la unidad del movimiento popular para derribar todo poder constituido y, desde una posición de poder, plantearse la refundación del orden político estatal y la construcción del Estado Revolucionario teniendo por horizonte la socialización de los medios de producción y su gestión. Si la izquierda revolucionaria se involucra en la demanda por una nueva constitución debe ser desmarcándose y desenmascarando la estrategia reformista que quiere dotar de un rostro humano al capitalismo. El papel de los revolucionarios no debe ser sumarse gratuitamente al llamado por una Asamblea Constituyente para mejorar la situación de las clases explotadas y oprimidas dentro del orden imperante como pretenden los reformistas, sino mejorar las condiciones para la conquista del poder político por parte de las clases populares.
Este enfoque sobre el cambio social radical, entiende que en la actual encrucijada que abre la crisis del sistema capitalista mundial, las tareas inmediatas de la izquierda pasan por fortalecer el movimiento popular, descubrir las contradicciones del neoliberalismo, consolidar sus organizaciones políticas como organizaciones de combate, y enfrentar la violencia del Estado burgués, con el fin de instalar la opción del socialismo como salida a la ruina económica y crisis política que nos conduce la anarquía del capitalismo. Pero también es necesario que las organizaciones revolucionarias lidien contra el sectarismo tanto como contra el revisionismo. En este sentido, la acción conspirativa de las organizaciones revolucionarias debe estar imbricada en la lucha cotidiana de pobladores, estudiantes y trabajadores de modo que las tareas concretas tengan estrecha relación con la lucha de clases que se manifiesta descarnadamente en el día a día de hombre y mujeres y sus luchas no se transformen como en el reformismo, en meros instrumentos de las cúpulas partidarias.
Llamar y luchar por un proceso constituyente en Chile debe ser un paso más hacia la construcción del socialismo y no un fin en sí mismo como pretende el formalismo reformista. Un Estado Revolucionario en un periodo de transición se debe sostener en una Constitución que permita la socialización progresiva del proceso de producción, como germen para un nuevo orden social, una Constitución que facilite y acreciente la organización popular y su cultura de clase para que se constituya como factor activo del proceso revolucionario.
En suma, en la discusión sobre Asamblea Constituyente sigue presente la discusión sobre reforma o revolución. Quienes piensan que el proceso constituyente por sí mismo traerá más democracia se encuentran del lado de reformistas y burgueses. Quienes piensan que la asamblea constituyente es un punto de llegada de la acumulación de fuerza popular para el socialismo mediante el apoyo a la movilización de masas y su acción directa como camino revolucionario hacia el poder político, y el fortalecimiento de organizaciones políticas de combate, se encuentran del lado de la revolución. La tarea es fortalecer la consigna de Asamblea Popular Constituyente con contenido revolucionario desarrollando una “estrategia de poder”, creando Frentes Político-Sociales en los territorios, fortaleciendo la autodefensa de masas, activando nuevas formas de solidaridad y rechazando el dogmatismo, el revisionismo y el sectarismo que tanto mal le han hecho a la causa revolucionaria en Chile.
El reformismo electoralista propugna una democracia sin movimientos sociales. El desarrollo económico y social de los sectores populares requiere de cambios en la estructura de clases y la configuración del poder político, la cuestión es cómo. La disyuntiva nuevamente es reforma o revolución, elecciones o movimientos sociales anti sistémicos que se enfrenten con la estructura y órganos del poder político vigente. Una Asamblea Popular Constituyente es una posibilidad de acción de los movimientos sociales contra el estado neoliberal sólo en el marco de una favorable correlación de fuerzas y una estrategia de poder consolidada.
VI. ANEXOS
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ANEXO 1: Por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente
La Constitución Política del Estado no representa la voluntad soberana del pueblo chileno. Fue impuesta en 1980 para legitimar una dictadura que violó los derechos humanos y enriqueció a un puñado de empresarios que, mediante espurias privatizaciones, se apoderaron de la mayor parte del patrimonio público forjado con el trabajo y ahorro de generaciones de chilenos.
La Constitución actual ampara a los poderes fácticos que ayer se sirvieron de la tiranía y que hoy gozan de ocultos e irritantes privilegios, ejerciendo un control decisivo sobre la economía, las instituciones políticas y los medios de comunicación. No sólo es ilegítima en su origen. Es, además, antidemocrática, porque privilegia la renta y el lucro por sobre la dignidad humana, deja los principales resortes del poder económico y jurídico fuera del alcance y control de la ciudadanía y establece obstáculos insalvables para su modificación. Representa, en definitiva, la continuidad jurídica de la dictadura e impide el establecimiento de un régimen verdaderamente democrático.
Todas y cada una de las frustraciones, dolores y angustias que afectan gravemente la subsistencia y el bienestar de la gran mayoría de los chilenos, derivan de un modelo económico e institucional que, amparado en la Constitución de 1980, favorece la concentración monopólica de la propiedad y agudiza la injusticia social. Así, el capital extranjero ha llegado a controlar la mayor parte del cobre, los recursos hídricos, el sistema previsional, la energía, el sistema bancario y las telecomunicaciones, sangrando, a perpetuidad, el esfuerzo del trabajo nacional. La inestabilidad y la precariedad del empleo, la deficiente atención en salud, educación y vivienda, la gravísima destrucción del ecosistema, el deterioro de la calidad de vida en nuestras ciudades, la impunidad que beneficia a muchos civiles y militares responsables de graves crímenes contra la humanidad, la discriminación y el desconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, la corrupción y el clientelismo presentes en el aparato público, la crisis del