El lunes 13, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia resolvió multar a Farmacias Ahumada S.A. con un millón de dólares tras haber reconocido su responsabilidad en la colusión de precios con su competencia -Cruz Verde y Salcobrand-. Una pena rebajada, y benigna, si se considera que esta empresa, la primera de su rubro en Latinoamérica, tiene ventas anuales por más de 1.700 millones de dólares. Una multa leve si se considera que los beneficios que produjo la colusión ascendieron a unos 45 millones de dólares. Tras el pago -sus ejecutivos han dicho que se trata de una “donación” al Estado- la empresa podrá continuar con sus actividades, desplegar sus millonarias campañas publicitarias -de las que podemos esperar desde la flagelación y el arrepentimiento público a una operación de limpieza y olvido, o nuevas estrategias con los precios-. El acuerdo con el Tribunal ha significado para Farmacias Ahumada ganar unos 15 millones de dólares, por el pacto con sus competidores. El negocio está cerrado y nada indica que no vuelva a repetirse. Mucho ruido… y ganancias muy concretas.
El Tribunal multaba a Fasa -las otras dos continúan negando su participación en el delito económico- mientras en el Senado se debatía aumentar las sanciones e incorporar, incluso, penas de cárcel para este tipo de fraude. En medio de agresivas declaraciones contra el cártel farmacéutico, de la necesidad de la “delación compensada para evitar las prácticas monopólicas y garantizar la libre competencia” (como declaró el presidente UDI de la corporación, Jovino Novoa), los parlamentarios olvidaron que pocos años atrás, cuando votaron por la creación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, rebajaron las penas vigentes, que incorporaban presidio para las personas que se involucraran en esas prácticas.
Cárteles, monopolios,
mafias legales
La actual ley 19.911 se aprobó en noviembre de 2003 tras el debate de un proyecto enviado el 17 de mayo de 2002 por el entonces presidente de la República, Ricardo Lagos. En la presentación del proyecto, Lagos declaraba: “Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que modifica el decreto ley Nº 211 de 1973 (…) Este cuerpo legal respondió a la necesidad del país de adecuarse de una economía con importantes grados de intervención pública, hacia un esquema más abierto, en el cual el mercado sería el principal asignador de los recursos”. El gobierno no ocultaba su intención, que surgía de su ortodoxia neoliberal, de crear una institucionalidad económica abierta, basada en el libre mercado. Y como supuesto garante de esa institucionalidad, creaba al Tribunal.
El artículo tercero enumeraba los delitos: “Toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos, será sancionada con las medidas señaladas en el artículo 17 c) de la presente ley”.
Y el 17 c) catalogaba las sanciones: “Aplicar multas a beneficio fiscal hasta por una suma equivalente a treinta mil unidades tributarias anuales. Las multas podrán ser impuestas a la persona jurídica correspondiente, a sus directores, administradores y a toda persona que haya intervenido en la realización del acto respectivo. En el caso de las multas aplicadas a personas jurídicas, responderán solidariamente del pago de las mismas sus directores, administradores y aquellas personas que se hayan beneficiado del acto respectivo, siempre que hubieren participado en la realización del mismo”.
El gobierno, que negociaba en aquellos años la Agenda Pro Crecimiento con la Sociedad de Fomento Fabril, -una serie de medidas que favorecieron las operaciones corporativas, que son, por cierto, sus ganancias-, no estaba interesado en establecer medidas punitivas. Ni mucho menos. Toda su voluntad quedaba expresada en una defensa a toda prueba del mercado, de la globalización y la apertura comercial. En ese documento Lagos volvía a declarar su fruición por el mercado. Lo afirmaba no sólo como un éxito, como la consecución de un importante objetivo, sino como si ello fuera parte de la realidad, de la misma naturaleza: “Los profundos cambios en la estructura económica del país de las últimas décadas, que dio paso a la participación privada en casi todos los sectores productivos y a la inserción de Chile en la economía global, junto con la aparición de nuevas estructuras empresariales, por ejemplo derivadas de la creciente ola mundial de fusiones y alianzas, han modificado sustancialmente el escenario en el cual le corresponde funcionar a la institucionalidad de defensa de la libre competencia, creando nuevas y mayores exigencias. En este nuevo escenario ya no es viable descansar en organismos débilmente constituidos”.
Esta fe en el mercado y sus beneficios, y también la fuerte empatía y las no pocas relaciones entre el gobierno y las corporaciones, condujo a una despenalización, para lo que propuso “sustituir el carácter penal de la ley vigente, por mayores multas y la responsabilidad solidaria de los ejecutivos involucrados en las acciones contrarias a la libre competencia”. En esa ley podemos observar parte del germen de los actuales delitos contra la salud de la ciudadanía: un gobierno que no solamente elabora una ley ad hoc para las corporaciones, sino que defiende sin ningún matiz su operación. El gobierno proyecta y propone leyes para consolidar esta nueva institucionalidad basada en el libre mercado como piedra angular.
Esta ha sido una impronta que se ha mantenido en todos los gobiernos de la Concertación, con relaciones impúdicas con el sector privado. Sólo por refrescar la memoria citamos algunos nombres como Eugenio Tironi, Jaime Estévez, Ximena Rincón, Oscar Guillermo Garretón, José Antonio Viera-Gallo, Jorge Rosenblutt, Jorge Rodríguez Grossi, Eduardo Aninat, Alvaro García y otros, todos miembros de los directorios de grandes corporaciones. Una relación de intercambios: por un lado acceso al poder, por el otro, a las ganancias, y leyes inocuas para legitimar el libre mercado. No para regular lo desregulado. Porque el daño a la ciudadanía, a las personas, ya está hecho. La sanción a las farmacias es más simbólica que real. En ningún caso ha recompensado a los humillados y abusados.
Una furia extensa y contenida
El caso del cártel de las farmacias ha generado una ira ciudadana que trasciende a este sector. No es sólo rabia contra el corrupto sector farmacéutico, sino contra un modelo económico impuesto por la acomodaticia y oportunista clase política y gobernante que vulnera los derechos ciudadanos fundamentales. El consumidor, el ciudadano, no sólo está indemne ante estos gigantescos y poderosos cárteles: está desamparado ante el abuso, la mentira, el robo, todos delitos en que la Concertación, al aprobar aquellas leyes, ha sido y es cómplice. El ciudadano no tiene armas frente a un modelo comercial -amparado bajo las espurias leyes del libre mercado- que le engaña y le estafa día a día.
Si así ha sido con las farmacias, ¿por qué no con todo el resto de los sectores entregados por la Concertación, con tanto deleite, al juego del “libre” mercado? Si tres cadenas de farmacias controlan casi la totalidad del mercado y no dudan en establecer pactos mafiosos, los supermercados podrían perfectamente también hacerlo, en circunstancias que cuatro cadenas concentran el 80 por ciento de las ventas. Y también la banca -y de hecho lo hace con los créditos, comisiones y tasas- en que también tres entidades controlan más del 65 por ciento de los préstamos. Y algo parecido en las AFPs, las isapres, la telefonía, el transporte aéreo, la prensa… Una nube turbia esconde todo tipo de operaciones ilegítimas. Durante la última crisis -la asiática- cuando la economía nacional retrocedió, cuando las tasas de desempleo alcanzaron los dos dígitos, la banca obtenía suculentas ganancias. Un negocio de evidente desvergüenza que llevó incluso al entonces ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, a acusar a este poderoso sector de oligopólico.
El sistema es corrupto en todas sus áreas y niveles. En las farmacias lo hemos visto: desde la gerencia a vendedores, desde los laboratorios a médicos. El senador Alejandro Navarro ha sacado a luz otra práctica delictiva de las farmacias, al entregar antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica sobre los incentivos perversos que entregan a los vendedores de sus locales para que obliguen al consumidor a comprar un medicamento distinto al solicitado o recetado.
Vínculos con el narcotráfico
(y con la Concertación)
Las prácticas de Cruz Verde -que si se aplicara la ley 19.911 debiera recibir una multa de 15 millones de dólares- no sólo conllevan el engaño al consumidor, la coerción a sus empleados, la colusión y la integración vertical: están ligadas con la mafia del narcotráfico. Una información aparecida en la prensa la relacionan con el desvío de unos mil kilos de efedrina, presuntamente destinados al narcotráfico internacional. El 24 de marzo fue detenido Gerardo Arama Benadretti, propietario del Laboratorio Arama, lugar donde fueron decomisados 1.100 kilos de efedrina. Una curiosidad, porque Arama nunca había utilizado la efedrina en sus compuestos.
El decomiso, avaluado en trece millones de dólares, era destinado a los cárteles mexicanos, hecho que quedó en evidencia con las grabaciones que probaban el desvío de la efredina a México. Arama y sus cómplices fueron formalizados por desvío de precursores químicos y no pudieron explicar la presencia de tal cantidad de efedrina en el laboratorio.
Durante el proceso judicial por el decomiso del compuesto los inculpados revelaron que el primer paso fue la compra de la efedrina a la Droguería Munich, y de ahí hacer el traspaso a Arama. Laboratorios Munich Pharma Medical -también conocido como Droguería Munich- es parte del holding Cruz Verde y en su directorio se repiten los nombres de integrantes de los directorios de Socofar (la distribuidora de medicamentos) y Farmacias Cruz Verde. Todo ligado a la familia Harding.
La información, aparecida en El Mostrador, ata en un mayor precinto toda la operación. Un gran paquete armado por el mercado y el gobierno. Cruz Verde es hoy asesorada por el lobbysta y ex ministro de la Concertación Enrique Correa. Según ha trascendido, el principal rol de Correa a través de su empresa Imaginacción sería desactivar ambos conflictos y tratar de separar el caso de la efedrina de Cruz Verde.
Por otra parte, las comunicaciones de Cruz Verde las maneja la agencia Extend, de María de la Luz y María del Pilar Velasco, cercanas al gobierno por ser hijas del ex ministro DC, Belisario Velasco. Salcobrand, a su vez, cuenta con la asesoría de Tironi Asociados, del sociólogo Eugenio Tironi, ex director de comunicaciones del gobierno de Aylwin y columnista de El Mercurio.
La estructura mafiosa del rubro farmacéutico alcanza por cierto a la producción, los laboratorios. Para ello, algunos datos. El mercado farmacéutico chileno facturó en 2006 casi 840 millones de dólares. De este total, aproximadamente un 90 por ciento de la facturación correspondió a medicamentos de marca, en tanto el resto a genéricos y similares. Sin embargo, la relación respecto a unidades vendidas es inversa: sólo un 60 por ciento corresponde a productos de marca, lo que responde a los mayores precios de estos medicamentos. Esta es la otra cara de este gran negocio. Los laboratorios internacionales, que comercializan los medicamentos patentados bajo una marca con precios varias veces por encima de sus similares genéricos, ejercen su control a través de los médicos, que emiten recetas no intercambiables con un genérico. A través de “incentivos” al gremio médico, que van desde regalos a financiamiento de viajes a congresos internacionales, consiguen que sus marcas se conviertan, con la venia de este poderoso gremio, en la gran panacea. Marketing, publicidad, incentivos, regalos, coimas. Esta industria facturó en 2008 más de 745 mil millones de dólares en el mundo. Se trata de gigantes farmacéuticas, varias de ellas entre las diez principales empresas del planeta.
Los genéricos representan el 40 por ciento en unidades, en tanto sólo el diez por ciento de los ingresos del sector. Por el contrario, los remedios de marca abarcan el 90 por ciento de los ingresos y sólo el 60 por ciento en volumen. El precio promedio por unidad de un producto de marca se ubica en torno a los seis dólares, en tanto los genéricos bajo los 60 centavos de dólar.
Las grandes cadenas no pueden competir con el poder de las grandes transnacionales farmacéuticas, pero sí en el campo de los genéricos. Al tratarse de un sector más amplio, en el que participan muchos laboratorios pequeños y nacionales, las cadenas les hacen sentir todo su poder con la incorporación de genéricos propios, como son, por ejemplo, los de Fasa.
Esta actividad tiene al menos dos efectos visibles. Al vender sus propias marcas, la cadena puede aumentar sus márgenes de comercialización; sin embargo, la venta de estos genéricos implica un efecto negativo para los otros laboratorios. Esta situación, que es un tipo de integración vertical, ha llevado a reclamos por parte de los productores nacionales ante la comisión antimonopolio, los que, sin embargo, no fueron acogidos.
Entretanto, la economía retrocedió un 3,9 por ciento en febrero, la producción bajó un 11,5 por ciento, el desempleo aumentó a un 8,5 y para el invierno es probable que llegue a un doce por ciento. La inflación marcó un 0,4 por ciento en marzo y Lagos dice que “le cambiamos el rostro a Chile”. ¡Este es el Chile de la Concertación!
PAUL WALDER
