El 30 de marzo de 1985 se produjo la muerte de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino profesionales comunistas degollados por funcionarios de Carabineros, hecho que puso en jaque la permanencia del general César Mendoza en la Junta Militar de gobierno y al mando de la institución uniformada desde la cual participó en el golpe del 11 de septiembre de 1973. Inicialmente, Mendoza señaló que se trataba de un ajuste de cuentas entre comunistas. Sin embargo, las investigaciones realizadas por el juez José Cánovas fueron determinantes: la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, Dicomcar, estaba involucrada en el asesinato. La reacción del país, en pleno estado de sitio, fue de unánime condena al crimen.
