La privatización de las ideas como estrategia represiva globalFabián Pena
El sistema capitalista mundial requiere concentrar ganancias de forma incremental con el propósito de demorar las recurrentes e inexorables crisis de
acumulación en las que desembocan sus fases expansivas con el inmediato correlato de pobreza y exclusión social de gran parte de la humanidad.
Las corporaciones transnacionales norteamericanas poseen como una de las mayores fuentes externas de recursos -en su desesperado proceso de concentración de ganancias- a aquellas industrias basadas en actividades susceptibles de protección por “propiedad intelectual”: las creaciones de las artes y las ciencias como expresiones humanas socializadas son privadamente apropiadas a escala global por las principales “potencias” económicas con la frecuente complicidad de varios gobiernos de países “en desarrollo”.
De todas las industrias privadas, son las relacionadas con los derechos de autor las mayores contribuyentes a las arcas del tesoro norteamericano por exportaciones y ventas en el exterior (110.8 billones de dólares), superando a la industria química -excluyendo productos farmacéuticos y medicinales- (97.17 billones), automotriz y autopartes (76.26 billones), metalurgia y metales básicos (50.72 billones), aviación y equipos asociados (49.79 billones), productos farmacéuticos y medicinales (25.95 billones):
Autor: International Intelectual Property Alliance. Fuente: Copyright Industries in the U.S. Economy: the 2006 report.
Además, las industrias de la “derechos de autor” son responsables de:
- 20% de la contribución al PIB de la industria privada y,
- 40% de la contribución al PIB de los productos y servicios exportados,
y los ingresos producidos por las industrias de bienes y servicios conjuntamente protegidos por derechos de autor y patentes de los Estados Unidos, representaban ya en 2005 alrededor de:
- 40% del crecimiento de toda la industria privada, y
- 60% del crecimiento de las exportaciones
De acuerdo al informe “Copyright Industries in the U.S. Economy: The 2006 Report”1 -que utiliza una metodología de cálculo de ingresos adoptada en los últimos años por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)- las denominadas industrias “núcleo” de copyright2 representaban un estimado de 819.060 billones de dólares equivalentes al 6.56% del PIB de los EE. UU en el 2005; e ingresos estimados provenientes de las industrias de copyright “totales” de 1.38 trillones de dólares equivalentes al 11.12% del PIB en ese mismo año.
Con estas cifras y en su incansable objetivo de incrementar el negocio, el U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) expresó en un reciente informe que las compañías norteamericanas “pierden” (de ganar) por piratería y falsificación al menos un promedio de 225 billones de dólares cada año. La denominada “Coalición contra la Piratería y Falsificación” (CACP, siglas en inglés) ha propuesto iniciativas con seis objetivos específicos de acciones a ser tomadas por el gobierno de los Estados Unidos en el control de estos “crímenes”a partir de 2007, pretendiendo reducir esa cifra entre 18 a 34 billones de dólares por año durante los primeros tres años. Estas estimaciones están basadas en acciones del Departamento de Justicia de E.E. U.U. desarrolladas contra supuestos delitos a la “propiedad intelectual” en experiencias “exitosas” anteriores.
En estudios realizados por la Oficina de Rendición de Cuentas de los Estados Unidos (GAO), brazo de investigación del Congreso, propone para el combate mundial contra la piratería y falsificación iniciativas consistentes en coordinar políticas dentro y fuera de los Estados Unidos utilizando recursos existentes y realizando estrategias orientadas a incrementar los “niveles de esfuerzo” de estas agencias; una de estas iniciativas es similar a la denominada CompStat empleada por el departamento de policía del estado de Nueva York. Así en octubre de 2004, la Administración Bush lanzó la Strategy Targeting Organizad Piracy (STOP) como primer intento de estrategia integral para el combate contra los delitos a la “propiedad intelectual”, pero según la GAO, ha quedado limitada al territorio nacional y si bien tiene una buena imagen, podría perder influencia luego de terminado el período presidencial. Este organismo considera que los esfuerzos deben ser globales debido a que la protección de la “propiedad intelectual” varía en todo el mundo y muchos países son “refugios” para la falsificación y piratería. La cooperación debe ser entonces incrementada entre gobiernos y con las industrias.
El singular argumento utilizado por los think tanks norteamericanos relata que las nuevas tecnologías digitales de las fotocopiadoras, scanners, computadores y especialmente internet, poseen el efecto no deseado de “hacer vulnerables a productos, corporaciones y consumidores” dada la alta sofisticación de estos grupos “criminales” que gozan sin embargo de popularidad al vender productos de todo tipo y marcas a precios más baratos que los originales (CDs, films en DVDs, software, lentes, camisas, sombreros, cosméticos, cubiertas de teléfonos celulares, paraguas y relojes, shampoos, insecticidas, productos farmacéuticos, alimentos, autopartes, partes de aviones, lociones, jabones, detergentes, baterías, juguetes, alimentos para mascotas y prácticamente todo aquellos que pueda ser identificado con una marca o logo. Finalmente declaran poseer evidencias sobre el ingreso de organizaciones “terroristas” a la arena de la falsificación y piratería.
A la vista de esta ideología represiva y mecanismo de monitoreo global, la sección 182 de la Ley de Comercio de 1974 denominada comúnmente “Disposición Especial 301”, bajo órbita de la USTR3, tiene como misión reflejar el comportamiento de los países, clasificándolos dentro de categorías de acuerdo a sus prácticas en derechos de autor y propiedad industrial: la categoría de “País Extranjero Prioritario” es la más desfavorable a los intereses del gobierno y las corporaciones de E.E. U.U.; las categorías son: (1) País Extranjero Prioritario, (2) Lista de Vigilancia Prioritaria, o (3) Lista de Vigilancia. En el año 2008, los incumplidores países extranjeros fueron: Argentina, Chile, China, India, Israel, Pakistán, Rusia, Tailandia y Venezuela.
La prerrogativa autoconferida por los Estados Unidos en listar y clasificar países, responde a la necesidad que posee el capitalismo corporativo norteamericano en financiar su supervivencia utilizando estratégicos canales de ganancias, dentro y fuera del territorio de los EE. UU. El Secretario de Comercio norteamericano, Lino Gutiérrez, lo expresó de la siguiente forma: “la propiedad intelectual es lo que hacemos para vivir en los Estados Unidos”.
De este modo, un rol importante en el esquema apropiador de ganancias es el desempeñado por la Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual (IIPA): una coalición de corporaciones del sector privado norteamericano, formada en 1984, que representa alrededor de 1.900 empresas productoras y distribuidoras de materiales protegidos por leyes de copyright en los EE. UU. Esta Alianza integrada por siete asociaciones de comercio participa en la imposición de tratados bilaterales y multilaterales, teniendo presencia como “ONG” en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Como parte de su frondoso currículum, la IIPA ha sido la principal representante de estas industrias asesorando al gobierno de los Estados Unidos en las negociaciones de los ADPIC/ OMC, NAFTA, en Conferencias Diplomáticas que llevaron a la elaboración de dos tratados de Internet en 1996 y en todos los tratados TLC implementados por los Estados Unidos. Sus miembros asociados son: Association of American Publishers (AAP), Business Software Alliance (BSA), The Entertainment Software Association (ESA), The Independent Film & Television Alliance (IFTA), The Motion Picture Association of America (MPAA), National Music Publishers’ Association (NMPA) y Recording Industry Association of America (RIAA).
Estas industrias involucran todo tipo de aplicaciones de negocios tales como el software de computadoras y entretenimientos, películas cinematográficas, programas de televisión, representaciones digitales y video-home de trabajos audiovisuales, música, grabaciones, CDs, y DVDs; libros de texto, libros comerciales y publicaciones profesionales (en medio impreso y electrónico).
Como “cárteles de la cultura” consideran que los acuerdos de la OMC han establecido el mínimo nivel de estándares de protección y la mayoría de los países poseen leyes que no son efectivas en la práctica. Para corregir esta falla, el proyecto de acuerdos ACTA, Anti-Counterfeiting Trade Agreement, impulsado por Estados Unidos, Europa y Japón (con la anuencia de Corea, México y Nueva Zelanda) relacionados con “combate” a la falsificación de productos fijarán niveles de protección más altos que aquellos establecidos en las obligaciones de los acuerdos ADPIC y “ADPIC-plus”.
En la estrategia global de control, los lineamientos de los Capítulos de Derechos de Propiedad Intelectual que los Estados Unidos han negociado en los Tratados Bilaterales de Libre Comercio (TLC) deberán entonces imponerse en los países en desarrollo y de acuerdo a lo expresado por Michaels Geist, fundador de la “Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic”: “Este tratado podría resultar en última instancia, más grande que la OMPI -sin las limitaciones de creación de consensos, los países en desarrollo y grupos de la sociedad civil- las ACTAs podrían reconfigurar el paisaje con sanciones más fuertes para delitos de la propiedad intelectual y una gradual erradicación en el equilibrio del copyright y las marcas”4
Pero la importancia que le asigna el gobierno de los Estados Unidos al control de las ganancias por derechos de autor a escala global quedó explicitada en la exposición de Chris Israel, coordinador internacional para la observancia de la propiedad intelectual ante el comité judicial del senado de E.E. U.U., en noviembre de 2007:
La lucha contra la piratería y la falsificación es una prioridad para la Administración Bush. Esta priorización se hace evidente en el liderazgo demostrado por el Presidente Bush. Él ha planteado la observancia de la PI con otros líderes. Este tema lo colocó en la agenda del G8, los EE.UU.-UE y la Cumbre de Seguridad y la Prosperidad con Canadá y México. También ha discutido nuestras preocupaciones en curso con líderes de Mercados Críticos como China, Rusia y la India. Ha dirigido su Administración para abordar esta cuestión de manera activa, agresiva y con un enfoque orientado hacia los resultados. "Estamos aprovechando las capacidades y los recursos de los Estados Unidos para promover la efectiva ejecución global de los derechos de propiedad intelectual. Bajo la dirección de la Casa Blanca, mi oficina trabaja para coordinar la observancia de la propiedad intelectual internacional en los esfuerzos de la Oficina de los EE.UU., el Representante de Comercio, el Departamento de Comercio -. Oficina de Patentes y Marcas y la Administración de Comercio Internacional, el Departamento de Seguridad - que incluye Aduanas y Protección de Fronteras e Inmigración y Aduanas, el Departamento de Justicia – incluyendo el FBI y el Departamento de Estado, entre otros. Nuestros esfuerzos combinados son amplios, y esto nos permite ofrecer atención aún mayor atención y energía en el establecimiento de prioridades a nuestros esfuerzos en derechos de propiedad intelectual.5
Estas prioridades, fuera de las fronteras del territorio de los Estados Unidos, explican el accionar de la maquinaria imperial en su afán por obturar las grietas que presenta su sistema, y la necesidad de contar con estructuras institucionales regionales y nacionales que impulsen, activen y garanticen la aplicación efectiva de tratados restrictivos en materia de derechos de autor y patentes, conformando de este modo instrumentos jurídicos de protección globales para la privatización de ideas (propiedad intelectual), en defensa de las ganancias que dan sustentabilidad a la economía Norte-Americana desde el “Mundo en Desarrollo”.
