El juez Víctor Montiglio ha ordenado la detención de 98 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) -el aparato represivo de la dictadura del general Augusto Pinochet-, incluida la cúpula de este organismo. Serán procesados por el secuestro calificado de 42 prisioneros políticos que en 1975 estaban detenidos en cuarteles secretos de la DINA. Sus desapariciones y posteriores asesinatos a manos de sus captores fueron encubiertos mediante un montaje (la Operación Colombo) en colaboración con las dictaduras de Argentina y Brasil para simular que se habían matado entre sí.
Las notificaciones judiciales se han llevado a cabo en coordinación con las tres ramas de las Fuerzas Armadas y el cuerpo de Carabineros.
Entre los procesados figuran los generales Manuel Contreras, ex jefe de la DINA; Raúl Iturriaga, ex jefe del departamento exterior del organismo; César Manríquez y Pedro Espinoza (ambos antiguos números dos del aparato represivo) y varios ex jefes operativos implicados en las torturas, como los generales Miguel Krassnoff, Marcelo Moren y Fernando Laureani, todos ellos en situación de retiro y encarcelados por otros delitos en el Penal Cordillera y en la prisión de Punta Peuco, en Santiago.
El juez Montiglio (el único que careó a Pinochet con Contreras) procesó tanto a los que planificaron como a quienes ejecutaron los crímenes, incluyendo guardias, informantes y conductores de los vehículos en los que transportaron a los detenidos.
Los militares quedan a disposición del juez para nuevos interrogatorios y careos hasta que éste determine su responsabilidad individual. Fuentes judiciales estiman que Montiglio podrá dictar sentencias antes de dos años. Los acusados podrán acudir después a la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema.
Considerado entre los magistrados chilenos uno de los mejores investigadores de casos de violación de los derechos humanos, Montiglio sostiene que la DINA tomó la decisión de exterminar a 119 presos políticos que habían sido detenidos y eran sometidos a torturas en cuarteles secretos. La mayoría de ellos militaban en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Mientras la dictadura negaba que las víctimas estuvieran detenidas, un artículo publicado en una revista argentina, Lea, que apareció sólo para encubrir los crímenes y que era un producto de la DINA, sostuvo que 60 de estos prisioneros habían sido asesinados en diferentes países de América Latina por sus propios compañeros. Un diario apócrifo de Curitiba (Brasil), también pergeñado en la Dirección de Inteligencia Nacional, afirmó que otros 59 extremistas habían muerto en enfrentamientos con la policía en Argentina.
El caso es también denominado de los 119, por el número de víctimas. Fue parte de las actividades Operación Cóndor, la colaboración entre los distintos aparatos de represión de las dictaduras suramericanas para acabar con sus opositores y que fue coordinada por la DINA.
Un diario chileno, el vespertino La Segunda, tituló en aquellos días: "Exterminados como ratones: 59 miristas chilenas caen en operativo militar en Argentina". Las víctimas, entretanto, eran asesinadas en silencio en los cuarteles secretos en Chile y hasta hoy permanecen como detenidos desaparecidos.
Para el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, la Operación Colombo fue "siniestra, porque no sólo significó el asesinato de muchos opositores al régimen militar, sino además acciones de encubrimiento bastante repugnantes". El abogado del programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, Boris Paredes, afirmó que no era una sorpresa este masivo procesamiento porque "el actuar criminal de la DINA fue enorme".
